Por IDL Reporteros – Marco Zileri
Jorge Arce, presidente ejecutivo de Terminal Portuario Paracas S. A. (TPP), es un empresario de hablar pausado y sólido media training. El viernes 3 lidió en Radio Exitosa con una entrevista dura, con gran cancha y mejor estilo. TPP, concesionario hispano-brasileño del puerto General San Martín, en la bahía de Paracas, pretende exportar 400 mil toneladas de concentrados de mineral anuales desde ese terminal portuario. La propuesta se enfrenta con una activa resistencia de grupos ecologistas, pescadores, agencias de turismo y pobladores.
«Hay un grupo siempre con información falsa, no correcta, no se informan adecuadamente, no leen todo lo que se ha presentado a las nueve autoridades peruanas ambientales que revisan nuestro proyecto», desestimó las críticas el ejecutivo portuario, como quien ve alzar vuelo a las parihuanas. Arce fue agresivo y mordaz en sus declaraciones, envueltas en papel de caramelo. «Hemos sido asesorados desde el principio hasta hoy por la empresa Amec Foster Wheeler, una multinacional hoy llamada Wood, muy reconocida a nivel mundial en todos los temas ambientales», enfatizó. Pero la realidad es un poco más accidentada que la edulcorada versión del empresario.
El 2014, el puerto fue adjudicado en concesión al consorcio por 30 años. El primer estudio de impacto ambiental (EIA) que presentó para lograr este objetivo tuvo serios problemas. «El EIA ha identificado menos del 10% del total de hábitats que posee la bahía de Paracas», observó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNAMP) en ese entonces. En 2016, estos problemas se subsanaron. El TPP obtuvo autorización para construir un muelle multipropósito especializado en granos y cereales y contenedores, y dragar 1,2 millones de metros cúbicos del área de maniobra de los buques.
MÁS RUMBOS:
«El EIA fue aprobado el 26 de julio del 2016, dos días antes del cambio de mando de Humala a PPK», subrayó la abogada ambientalista Adriana Aurazo. «Fue un proceso poco transparente. No se tuvo oportunidad de contrastar los datos y observaciones. Todo lo que tenemos es la resolución que lo aprobó».
«Nadie sabe cómo se resolvió el EIA del 2016», coincidió Stefan Austermühle, de la ONG Mundo Azul. «Simplemente se aprobó. Entonces la certificación ambiental la otorgaba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la información nunca se hizo pública. Se trabajaba con secretismo. La cultura de transparencia surge recién con la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Áreas Sostenibles [SENACE]».
La actual tormenta empezó a gestarse poco después.
El 2018, la empresa concesionaria presentó la modificación del EIA (MEIA) para que se le autorizase a construir una planta de tratamiento de aguas, una planta de desalinización, un emisor submarino para verter los efluentes y la salmuera al mar, y un almacén de concentrados de mineral —el nervio de la controversia. El almacén que se pretende edificar estaría herméticamente cerrado, aunque el techo sería de flexilona, una de las tantas deficiencias detectadas por el SERNAMP.
El tira y afloja entre TPP y las autoridades ambientales del Estado lleva más de dos años.
Así empezó todo
El EIA del 2015 aseguró que el fondo marino de la bahía era básicamente solo lodo. Yuri Hooker, biólogo marino, describe por el contrario la presencia de pastos submarinos con diminutas flores (fanerógamas); bancos naturales de conchas de abanico; zonas con agrupaciones de esponjas marinas; refugios de larvas y juveniles de gran parte de los peces de importancia económica, como el tramboyo, el lenguado, la chita, la cabrilla y el pejerrey; el hábitat del caballito de mar más meridional del Pacífico Sur, y praderas de yuyos muy cercanas a Punta Pejerrey.
Punta Pejerrey es precisamente el nombre de la ubicación geográfica del puerto. Mientras que el primer EIA del 2015 carecía de imaginación, al segundo del 2018 —que sacó de la manga el tema de los concentrados de mineral— parecía en cambio sobrarle. El emisor submarino para arrojar los efluentes de la nueva planta de tratamiento de aguas y de la planta de desalinización tendría 10, 95 o 100 metros de longitud, según qué parte del informe se lea. ¿Total?, cuestiona la Autoridad Nacional del Agua (ANA; la entidad insiste en que se considere un emisor de 300 metros de longitud). El mineral sería transportado al puerto en camiones blindados, pero el lavado de los contenedores se haría al aire libre. El almacén de concentrados tendría presión inversa, pero también ventanas.
En Paracas los vientos cotidianos pueden llegar a soplar con mucha fuerza. Una merma de apenas 0,5% de las 400 mil toneladas de concentrados de mineral que se piensa transportar equivale a nada menos que 2 mil toneladas de polvo desperdigado al año.
A la tercera va la vencida
El proyecto de traslado de minerales por Paracas ya fue denegado el año pasado. El SENACE desaprobó el EIA en febrero del 2019. TPP apeló. SENACE volvió a rechazarlo. TPP amenazó con demandar al Perú por US$ 200 millones por la presunta vulneración de sus derechos. El gobierno arrugó. Anuló lo actuado. Convocó a un nuevo proceso de consulta. Y como un disco rayado, se repite la canción. Ahora se está a la espera de que la agencia ambiental estatal dé su tercer y definitivo veredicto.
Sin embargo, muchas de las observaciones siguen vigentes a pesar del casi año y medio transcurrido. Estas acotaciones fueron hechas públicas el 9 de junio pasado (Resolución 00349-2020-SENACE-PE/DEIN). El SENACE debe aprobar o rechazar la MEIA en los próximos días. Ello explica la guerra de comunicados y declaraciones en la última semana.
El último viernes 3 —el mismo día en que Arce habló en la radio—, la ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, puede haber dicho inconscientemente la verdad: «Lo que yo quiero decirle a la ciudadanía es que espere la evaluación técnica que, garantizamos, va ser absolutamente independiente de la entidad competente, que es el SENACE». ¡Independiente de la autoridad competente!
«¿Es importante darle una salida competitiva a los concentrados de minerales que se producen en Ica, Ayacucho y Huancavelica? Por supuesto. ¿Pero es el TPP la única opción para ello? ¿Se han evaluado correctamente todas las alternativas viables y menos lesivas en términos ambientales, sociales y culturales?», terció la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en un informe del 9 de julio.
Mientras, el gobierno desempolva los proyectos de infraestructura, ansioso de arrancar de una vez por todas con la reactivación económica. La recesión es profunda, el desempleo galopante. El puerto General San Martín podría estar entre sus prioridades. Pero dentro del propio gobierno hay preocupación de que el medio ambiente sea pisoteado por la voluntad política.
Como alerta la abogada Aurazo: «¿Será Paracas la primera reserva natural del mundo con un terminal de concentrados de mineral?».
La emergencia por COVID-19 está impactando seriamente los medios de vida. Las comunidades pesqueras en Perú aspiran al cooperativismo para enfrentar los efectos de la pandemia. ??#RedSolidaria #PescaArtesanal
Entérate ? https://t.co/EH6YYnGKqd pic.twitter.com/arVK5xBJ84— Revista Rumbos (@RumbosdelPeru) July 12, 2020
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