El Acuerdo de Escazú literalmente dice que es el Perú el que se compromete a implementar mecanismos de participación ciudadana, es decir aprobar sus propias leyes de implementación.
En setiembre del 2018, la extitular del Ministerio del Ambiente (Minam), Fabiola Muñoz, suscribió el Acuerdo de Escazú, el convenio regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, junto a otros 21 países. Para que entre en vigor, debe ser ratificado por 11 estados y, a la fecha, cuenta con nueve. En el Perú, el documento lo revisa la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, y en este periodo de postcuarentena se ha revivido su debate, a raíz de una campaña de desinformación en algunos medios de comunicación.
El Acuerdo de Escazú, según explica Carol Mora en una sesudo artículo en RPP,- nace de considerar que la mejor manera de tratar cuestiones ambientales es con la participación de toda la ciudadanía interesada, desde el acceso a la información y a la justicia ambiental Y es por eso que es sustancial ratificarlo.
Básicamente el acuerdo incide en el derecho al acceso a la información ambiental, a garantizar que este acceso sea de manera oportuna y adecuada, en un lenguaje cotidiano, y ejerciendo el principio de máxima publicidad. Se apunta además con este tratado a ejercer el derecho a la participación ambiental: que esta sea abierta e inclusiva, no solo para opinar sino para decidir sobre las situaciones que afectan las vidas y el entorno.
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Este acuerdo considera que es fundamental ejercer el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales: con procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales .
“En las páginas del Acuerdo de Escazú – al cual puede acceder cualquier persona a través de los buscadores de Internet, y así pueda descargar el texto y darle una leída integral-. se ratifica el acuerdo en la soberanía que tienen los estados en sus recursos naturales”, señala César Ipenza, abogado especializado en tema medioambiental, quien resaltó la importancia de que el parlamento peruano ratifique el Acuerdo de Escazú “Me llama profundamente la atención que se usen argumentos totalmente falsos con tal de bloquear un instrumento que a todas luces permite que la gente pueda tener acceso a la información ambiental”.
Porque perturba tanto, cuál es la historia con Escazú: Además de impulsar en la ciudadanía, el ejercicio de contar con un ambiente sano y equilibrado, el tratado puede hacer más difícil que se deroguen las leyes de transparencia y consulta. Finalmente se trata de conceptos que vinculan los derechos humanos y el medio ambiente.
El Acuerdo de Escazú pretende velar por un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones ni inseguridad.
Uno de los contribuciones de ratificarse , ha sealado la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, es que contribuirá a gestionar conflictos, legitimar decisiones e incluir a la ciudadanía en etapas estratégicas, de manera que ello generará mayor seguridad para todos los actores.
Cabe recordar que América Latina y el Caribe y nuestro país tienen un alto índice de conflictividad socioambiental. Según los reportes de la Defensoría del Pueblo y la Presidencia del Consejo de Ministros, la mayoría de estos conflictos son de carácter socioambiental relacionados a actividades extractivas. El acuerdo no menciona nada sobre oponerse a la dinamización de inversiones, se circunscribe estrictamente a los de derechos.
Recordar conflictos que tuvieron un desenlace trágico como el ocurrido en Bagua, deberían llamar a la reflexión para reforzar las medidas de transparencia y participación en las tomas de decisiones sobre el aprovechamiento de los recursos naturales que sean implementados en condiciones de veracidad, intercambio, cooperación, oportunidad y comprensión para que no vuelvan a suceder.
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