Por Karina Pinasco Vela
El acuerdo de Escazú considera que la mejor manera de tratar cuestiones ambientales es con la participación de toda la ciudadanía interesada, desde el acceso a la información y a la justicia ambiental y es por eso que es sustancial ratificarlo. Ahora más que nunca es fundamental ejercer el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales: con procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales, cosa que en nuestro país no suele suceder debido a una larga coexistencia con la corrupción en todos los niveles del aparato estatal. Es ahí que la ratificación del tratado se vuelve perturbador porque puede hacer más difícil que se pasen por alto las leyes de transparencia y consulta. Karina Pinasco analiza porque urge que el Perú ratifique el acuerdo.
El Perú es uno de los países más corruptos del planeta, y en el contexto de la pandemia se ha puesto en evidencia que la corrupción es el peor de los virus, y está matando a más gente que el mismo COVID-19. Además de visibilizar con mayor énfasis las enormes brechas existentes no solo en salud, sino principalmente en educación de calidad y al alcance de todas y todos, brechas que se acentúan en poblaciones vulnerables como indígenas y campesinas. Siempre he creído que en las crisis, -y la que tenemos en el Perú es una crisis abominable de valores-, se encuentran las mejores oportunidades, y una de ellas es la ratificación del Acuerdo de Escazú.
Cuando hablamos sobre el Acuerdo de Escazú, nos referimos a los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. Es decir, los derechos fundamentales, que cada persona tiene a acceder a la información ambiental, a participar en las tomas de decisiones y a acceder a la administración de justicia frente a la defensa de los derechos humanos ambientales. El Acuerdo de Escazú entonces, establece estándares que cada Estado debe adoptar como mínimo, para garantizar el ejercicio de estos derechos. Para alcanzar estos estándares, los Estados deberán implementar medidas orientadas a mejorar su institucionalidad, mecanismos para administrar su información, optimizar procedimientos de toma de decisiones incorporando, además, enfoques de interculturalidad y género, y potenciar la administración de justicia para la prevención y atención de daños ambientales o derechos ambientales.
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Acuerdo de Escazú: oportunidad para la participación ambiental
Es clave clarificar que el Acuerdo de Escazú es un tema de derechos humanos y de fortalecimiento de nuestra democracia, por lo tanto es de interés común y de beneficio de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos (no es un tema exclusivo de ambientalistas como se ha querido etiquetar), incluso de aquellos, como los gremios empresariales, que hacen campaña por el no, entendiendo además que los gremios tambien se benefician con el acceso a la información, a la transparencia y a la justicia, los gremios también son asociaciones cíviles sin fines de lucro (llámese ONGs); debemos de saber que los derechos que se asumen con Escazú son para todas y todos. Este acuerdo afianza nuestra competitividad y ayuda a que se reduzcan los conflictos socio ambientales que son tan recurrentes en nuestro país, e impulsen el desarrollo sostenible que tanto ansiamos y merecemos. Escazú es un acuerdo de derechos por eso impacta positivamente al desarrollo del país, al haber acceso a la información y mayor transparencia, hay menos cabida para la corrupción. Habla de participación por lo tanto ayuda a construir una sociedad de paz, con menor conflictividad, así como fortalecer nuestra institucionalidad y construir confianza.
El Acuerdo de Escazú es una gran oportunidad para mejorar como país, que además no es nuevo (que es otra de las cosas con las que se quiere desinformar) sino que viene desde Río 1992, y a partir del 2012 se empieza a trabajar en el principo 10 del mismo, este principio de participación está, además, en el Laudato Si, con la necesidad de proteger nuestra casa común. Las negociaciones entre los países fueron abiertas y voluntarias, en el más alto de los niveles. El acuerdo fue firmado por el ejecutivo el 2018, y que ha sido ratificado por 9 países, entre ellos Costa Rica que es uno de los ejemplos de soberanía sobre sus recursos naturales y que además su PBI está basado en su capital natural, y ahí vienen las interrogantes del por qué tantos temores para su ratificación, si Costa Rica siempre ha sido el modelo a seguir para el caso de las regiones amazónicas.
- ¿Por qué existe tanto miedo a la transparencia y al acceso oportuno de la información para que las comunidades y la ciudadanía en general podamos ir en igualdad de condiciones a las negociaciones sobre el qué hacer, cuándo, cómo y dónde, sobre la base de las potencialidades del territorio?
- ¿Por qué tanto miedo a que hayan procesos justos y ágiles para los defensores ambientales? ¿Por qué no se quiere reforzar la justicia a los defensores de un derecho humano fundamental que es el de vivir en un ambiente sano?
Algunas precisiones que han alimentado estos miedos es que existe el falso discurso de que perderíamos soberanía; el acuerdo de Escazú se aplica dentro de las regulaciones de los propios países, ningún principo del acuerdo vulnera soberanía, precisando que el mecanismo de controversias del acuerdo no va a dirimir controversias entre personas jurídicas. Lo único que se llevará a la Haya son diferencias en la interpretación del tratado entre países. No atenderá quejas ni denuncias de personas u organizaciones directamente. En el numeral 5. Del art. 2, también señala que no se dará información que afecte la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley, por tanto por ley no se proporcionará información que atente al estado. Para la población amazónica es el temor de que vengan otros a tomar decisiones y aprovechar nuestro patrimonio natural, nada más falso, empezando de que en el Acuerdo no existe ni una frase que haga referencia a la Amazonía como territorio. Todas y todos estamos de acuerdo que la Amazonía necesita de inversiones sostenibles para un aprovechamiento de nuestro capital natural, por eso las poblaciones amazónicas debemos y merecemos contar con la mejor calidad de acceso a la información, que nos ayude a tomar mejores decisiones, ¿quien puede oponerse a esto?, solo las y los que quieren seguir haciendo inversiones sin responsabilidad social ni ambiental, formas convencionales que son las causantes de las brechas existentes, a menos información y transparencia mayor capacidad de manipulación de los grupos de poder que beneficia solamente a una minoría y mayor corrupción.
Otra de las ventajas de la ratificación del Acuerdo de Escazú es que facilita el fortalecimiento de capacidades, somos conscientes de que una de las mayores brechas es la del sector educación, y lo que más necesitamos para reducirlas es de invertir en el desarrollo de capacidades y competencias en el recurso humano, a fin de que podamos ser nosotras y nosotros las y los que tomamos las decisiones, pero también las y los que emprendamos y generemos inversiones sobre la base de nuestro potencial del territorio.
Asimismo, el Acuerdo de Escazú representa para defensores y defensoras ambientales una esperanza, pues reconoce la importancia del trabajo y las contribuciones en el fortalecimiento de la democracia, los derechos de acceso y el desarrollo sostenible; exigiendo a los países que garanticen un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
No hay que tenerle miedo a hacer bien las cosas. Escazú compromete al estado peruano a mejorar las condiciones existentes y entre elllas el que las inversiones sean sostenibles y sobre la base de los instrumentos de gestión del territorio, sobre la base de nuestras potencialidades. El país necesita unidad en la lucha contra la corrupción, y ésta es actualmente una de nuestras mejores oportunidades para lograrlo.
#SIALARATIFICACIÓNDEESCAZU
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