El Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco dispuso que se inicie proceso contra MTC, Mincul y consorcio surcoreano que gestiona la obra. Asociación civil demandante argumentó que el terminal aéreo provocará un “daño irreparable” en el patrimonio arqueológico de la región.
Fernando Alayo Orbegozo/ El Comercio
El Poder Judicial admitió a trámite una demanda de amparo presentada en enero por la Asociación Civil “Unión Ciudadana por la Defensa y la Valoración del Patrimonio Cultural y del Ambiente”, a fin de que el Estado Peruano paralice el proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero (AICC) ante la posible afectación en el patrimonio cultural y arqueológico del Cusco.
A través de una resolución emitida el 15 de febrero último, el Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco dispuso que se inicie el proceso contra los siguientes demandados, que deberán ser notificados: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Pro Inversión, el Ministerio de Cultura (Mincul) y la empresa Korea Airports Corporation (KAC), una de las firmas surcoreanas que integra el consorcio que gestiona el aeropuerto a través una oficina de proyectos (PMO).
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La asociación demandante argumentó que, al construir el aeropuerto, el Estado vulnera los derechos de protección del patrimonio histórico de la Nación y de todas las personas a su identidad cultural y a participar en la vida cultural; todos expresados en la Constitución. Por ello, solicitó al Poder Judicial que “ordene la paralización de la construcción del aeropuerto de Chinchero antes de que se vuelva irreparable el daño que ocasionarán al patrimonio cultural existente en el lugar”.
Además piden que el Gobierno se abstenga de construir o iniciar cualquier obra en la zona del proyecto, también pidieron que no apruebe ningún acto administrativo con ese fin, y que restablezca las cosas al estado previo de cualquier alteración o afectación en el territorio (por ejemplo, buscan la reparación del movimiento de tierras ya realizado en el suelo).
En enero, El Comercio informó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no cuenta con el estudio de impacto patrimonial (EIP) requerido por la Unesco para evaluar una posible afectación en Machu Picchu y el Qhapaq Ñan debido al aeropuerto. Pese a ello, el Gobierno viene licitando las obras preliminares (que debían empezar este mes) y las principales (a iniciarseen junio). En tanto, el Ministerio de Cultura (Mincul) señaló que las recomendaciones de Unesco “no son vinculantes”.
Mark Zeisser, presidente de la Unión Ciudadana por la Defensa y la Valoración del Patrimonio Cultural y del Ambiente, dijo a este Diario que “nuestra expectativa es que entremos en el debate jurídico en torno al fondo del asunto: la afectación en el patrimonio arqueológico debido al proyecto de Chinchero”. “Esta admisión abre la posibilidad de que podamos paralizar el proyecto mediante una medida de justicia. Esto tomará su tiempo, pero ya empezamos”, agregó.
Zeisser precisó que su asociación presentó una segunda demanda de amparo ante el Juzgado Civil de Urubamba, donde se planteó que el futuro aeropuerto afectaría las fuentes de agua en su área de influencia, “incluyendo la Laguna de Piuray, que abastece de agua potable a la urbe de Cusco y a los pobladores de [los distritos de] Chinchero y Huayllabamba”. Sin embargo, en este caso la jueza se declaró incompetente, aunque esa decisión ya ha sido apelada.
Consultados sobre la admisión de la demanda de amparo, desde el MTC informaron a El Comercio que aún no han sido notificados por el juzgado. Sin embargo, una vez que esto suceda evaluarán la estrategia legal a seguir.
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