Las propuestas de reformas normativas y de políticas públicas dirigidas a respetar y garantizar los derechos de los pueblos indígenas se hacen más pertinentes ahora que se comienza a socializar el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Ya en el 2019 el mismo panel había alertado que en la alianza con los Pueblos indígenas en la lucha para enfrentar los efectos del cambio climático, era acertada ya que estas comunidades protegen un gran porcentaje de los bosques del planeta.
Sin embargo ese no ha sido el camino y por el contrario la pandemia ha desnudado la nula capacidad estatal en torno a decisiones que beneficien a estas poblaciones, que también son parte de nuestra nación. ¿Cuáles son las demandas y necesidades de los pueblos indígenas que deben ser tomadas en cuenta con celeridad?
Violencia contra defensores ambientales
La violencia contra las personas defensoras de derechos ambientales sigue incrementándose. Solo entre el 2020 y este año han sido asesinados diez líderes indígenas por defender sus territorios y nuestra biodiversidad. Ocho casos han ocurrido en la selva peruana, según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental : “ Es necesario que se implemente el registro de situaciones de riesgo, con el objetivo de tener un mapa de riesgos. Este mecanismo fue creado por el Ministerio de Justicia, pero “lamentablemente aún no está implementado”, explica Katherine Sánchez, abogada de la SPDA.
Para Jorge Pérez, presidente de Aidesep, lo que debe funcionar en los territorios amenazados es la fuerza pública: “Debe llegar a todos los lugares, sobre todo los más alejados. Porque, como escuchamos de los hermanos Maijuna, el Estado no aparece, y más bien están siendo, se podría decir, “gobernados por narcotraficantes e ilegales”.
Líder indígena Maijuna Sebastian Ríos. Foto: Wilfredo Martinez / OnePlanet 
Precisamente para garantizar la protección de estos defensores es que se debió ejecutar la ratificación del Acuerdo de Escazú, tarea que no concretó el Congreso de la República anterior. Pero que hoy, —tras el cambio de gobierno—, organizaciones, activistas y líderes indígenas esperan que esta vez se logre ratificar este tratado.
Los pasados días y con la intención de fortalecer su lucha en la defensa de sus territorios y derechos, nueve federaciones indígenas se unieron para conformar un consejo cultivo que representa a más de 7 mil indígenas de diez pueblos del Putumayo, Napo y Bajo Amazonas, zona transfronteriza actualmente amenazada por el incremento de actividades ilegales como el narcotráfico, tala y minería que precisamente detonan estos actos de violencia contra las comunidades indígenas.
Actividades ilícitas: tala, minería y trata de personas
“El trabajo ilícito es algo que está afectando día a día nuestros territorios, por eso también exigimos la intervención de las fuerzas armadas, la intervención del Estado para poder erradicar el trabajo ilegal que está matando y perjudicando a muchos de nuestros hermanos”, afirmó el líder Rolando Panduro, de la Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu (Fecona).
Durante el 2019 se presentó un mapa con más de 2000 puntos en los que se ha identificado minería ilegal en seis de los países amazónicos de América del Sur. Y allí se ubica la intensidad con la que se arrasan los bosques en Madre de Dios para dar paso a las dragas, a las pozas y campamentos clandestinos. “La minería ilegal en Madre de Dios ha contribuido a que la deforestación en ese país alcance niveles jamás registrados” ha reportado el informe Amazonía Saqueada.
Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) el ritmo de deforestación, a causa de la minería ilegal, que tiene la Reserva de Tambopata es de 170 mil hectáreas en 5 años.
El grupo transfronterizo multisectorial recientemente creado, entre otras cosas para afrontar actividades ilícitas en la zona de frontera del Putumayo, Napo y Bajo Amazonas, ya han hecho dirigido propuestas y demandas al Gobierno Central pues, señalan, “las comunidades de estas zonas están fuertemente amenazadas por el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y otras actividades ilegales”.
Un hecho que además vinculan a la construcción de carreteras : “Esta carretera en el tramo I ya ha causado deforestación e invasiones”, refiriéndose a la la carretera Iquitos-Bellavista Nana-Mazan–San Salvador-San Antonio del Estrecho.
La Federación de Comunidades Maijuna (Feconomai), ha señalado que no fueron consultadas en ningún momento y se han mostrado en contra del ingreso de una carretera a sus territorios y exigen que los tramos no continúen.
Comunidades indígenas sin titular
En mayo de 2019, el Gobierno se comprometió a saldar la brecha de titulación de comunidades nativas al llegar el Bicentenario. Sin embargo, tras 200 años de República, la deuda con estos pueblos aún está vigente.
En Loreto, la región con mayor presencia de pueblos indígenas, se han reconocido hasta la fecha 1226 comunidades nativas pero más de 390 comunidades continúan a la espera de obtener seguridad jurídica sobre los territorios que habitan ancestralmente.
“Son temas que tienen que atenderse con el respaldo a las organizaciones indígenas y facilitando que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) pueda llevar adelante esos trabajos de la mano con los gobiernos regionales. Además, se deben revisar los títulos habilitantes que se superponen a las propuestas de reservas indígenas, como los bosques de producción permanente (BPP), las concesiones forestales, entre otros”.
Según Pérez Rubio, el tema es fundamental pero no es el único “ También está el tema de creación de las reservas indígenas para los pueblos indígenas en aislamiento, apunta.
Para zanjar el tema del saneamiento físico legal con las comunidades deben observarse 3 aspectos : titulación, georreferenciación y ampliación. Pero a decir de algunos expertos, lo planteado aún solo considera el aspecto de la titulación.
“Las comunidades nativas tituladas pueden, con el paso del tiempo, necesitar más espacio… son procesos adicionales a la titulación que responden a las necesidades actuales”, señaló Warren Guerrero, Especialista en Formalización y Titulación de predios rústicos y territorios comunales, resulta crucial que se sigan implementado políticas enfocadas a garantizar el acceso al derecho de tenencia del territorio de las comunidades nativas”
Las poblaciones indígenas tienen ya una serie de demandas que dirigen al Estado peruano. Estas van desde mejoras en el servicio de salud, fortalecimiento de la educación intercultural y proyectos de acceso a internet, hasta la creación de áreas naturales protegidas. Pero las transversales y las que causan gran preocupación como, la defensa de la violencia contra líderes indígenas, la fuerza del Estado para combatir los ilícitos en la región y la titulación de sus territorios son las que generan mayor expectativa de respuesta.
Añadir comentario