El caso del derrame de hidrocarburos en la costa de Ventanilla,ocurrido el 15 de enero del 2022, cuya responsabilidad es de la empresa Repsol, nos lleva a analizar hechos, y corresponsabilidades.
Por César A. Ipenza , Abogado especializado en materia ambiental
Las mentiras y los días que pasan
Esto ocurrió desde el principio, cuando hubo entrega de información inexacta por parte de la empresa, en torno a la cantidad del hidrocarburo vertido. Fue por esa información inexacta que tuvimos una respuesta tardía que permitió la extensión de la contaminación hacia los distritos de Santa Rosa, Ancón y hasta el distrito de Chancay (provincia de Huaura), contaminando gravemente nuestro ecosistema marino, incluyendo devastación de especies de vida silvestre, con pérdidas graves e irreparables.
Hemos visto anuncios en diversos medios sobre que lograrán recuperarse todos los hidrocarburos vertidos, pero sin lugar a duda son avisos inexactos o falaces. Eso es complejo y casi imposible. Por otro lado, se dice que ‘recoger todo y dejar limpio’ resolverá la problemática, lo que también es inexacto, pues la verdad es que aquellas especies que se perdieron, murieron o se desplazaron difícilmente podrán recuperarse. Y donde se diera, esa ‘recuperación’ no sería inmediata y demandaría más de 10 años de trabajo en la zona, con especialistas y un programa serio de repoblamiento de especies, muchas de ellas en peligro de extinción y en situación de amenaza. Sobre eso acaso no vemos respuestas o propuestas de la empresa ni de quienes deben fiscalizarla.
Las multas y las penas se las lleva el aire
También vemos anuncios de sumas y sumas de multas que se vienen imponiendo a la empresa por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, entre otras; pero, aún si estas se pagarán ¿lograrán remediar el daño? ¿La empresa Repsol se allanará a los procesos administrativos y pagará todas las multas? ¿O tendremos la repetición del antecedente del derrame que provocó la misma empresa en 2013, en Ventanilla, cuando usó estrategias para no cumplir sus obligaciones? Lo más probable es que terminará apelando, llevándonos a un proceso largo, donde pretenderá escapar de su responsabilidad. Lo mismo sucederá en materia penal, nada será inmediato y sin lugar a duda veremos -y ya vemos-, estrategias orientadas a eludir su responsabilidad.
Una de esas estrategias se está dando con los afectados por el derrame. Estos superan las cinco mil personas y la empresa pretende que ellos, para que puedan recibir una ‘compensación adelantada’, firmen un acta donde señalan que la Repsol no es responsable del derrame, trasladando dicha responsabilidad a la contratista que transportaba los hidrocarburos. Esta medida demuestra que no estamos frente a respuestas serias y que no existe la voluntad de asumir en el largo plazo las implicancias de hechos que son de exclusiva responsabilidad de la empresa.
Mejorar las leyes y la voluntad de los ejecutores
Entonces ¿cómo hacemos para enfrentar esto? Vimos nuevamente la incapacidad de respuesta de nuestras autoridades, su incapacidad de coordinar, de asumir un liderazgo. Sin lugar a duda hay mucho que hacer desde la mejora del marco normativo actual para perfeccionar la calidad de los instrumentos ambientales, hasta la mejora de los planes de contingencia frente a estos hechos, así como contar con óptimas condiciones logísticas y económicas para que la autoridad asuma lo que le toca. Y eso debe partir con el cambio del marco jurídico actual.
Es verdad que el gobierno anunció la solicitud de delegación de facultades para mejorar el marco normativo ante la ocurrencia de desastres ambientales, para así atender las áreas afectadas por el derrame de hidrocarburos y ocuparse de la población afectada.
Esta puede ser una oportunidad que, además de proveernos de mejoras al marco normativo, lo haga también para el abordaje de respuestas más rápidas frente a delitos ambientales de contaminación y sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo que debe incluir, también, a las autoridades a quienes pagamos para que administren y custodien nuestros recursos, a fin de que asuman el rol para el que han sido designadas. Y si no lo hicieran, qué asuman la responsabilidad por no hacerlo, con la sanción correspondiente. Ello en la línea de la investigación que está en marcha, para aquellos funcionarios y servidores que no cumplen ese rol tuitivo y garantista.
Actualmente esta posibilidad está en manos de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.
