- En el Perú cada año se decomisan más de 5 mil especies de fauna silvestre víctimas del tráfico ilegal.
- Entre 2015 y 2019, las especies más traficadas fueron las tortugas terrestres y acuáticas, el mono choro, el guacamayo azul, los pihuichos, entre otros.
A inicios de noviembre, Perú se convirtió en el primer país de Sudamérica en incluir el delito por tráfico de especies silvestres en la Ley Contra el Crimen Organizado. Sin embargo, este importante avance para la conservación a nivel mundial podría dar un paso hacia atrás.
El Congreso de la República decidió votar a favor de la Ley 31622, que modifica los artículos 308-B, 308-D y 309 del Código Penal. De esta manera, se buscaba hacer más efectiva una serie de medidas para fortalecer la lucha contra el tráfico ilegal de especies, haciendo que los operadores de justicia tengan mejores herramientas para investigar este delito bajo el enfoque de una organización criminal y contar con penas más severas contra quienes participen de estas mafias.
Pese a que la norma significaba un punto a favor para nuestras especies silvestres, diversas bancadas del Congreso buscan derogarla, argumentando que “criminaliza” y pone en riesgo las actividades del sector pesquero, y este intento no ha cedido pese a que el Ministerio del Ambiente (Minam) ha señalado que esta ley permite hacer un mejor seguimiento a la extracción de las especies y busca conservar aquellas que se encuentran en peligro de extinción.
Luis Zari, especialista legal del programa Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA, aclara la relevancia de esta norma y las consecuencias de su modificación.
MÁS RUMBOS:
¿Es exagerado investigar este delito como una organización criminal ?
“No. Es atender a una realidad que nos demuestra que, por ejemplo, entre el año 2000 y 2020, se han decomisado más de 90 mil especímenes entre aves, anfibios o mamíferos. La rana del Titicaca, una de las especies más traficadas, ha reducido su población en un 80 % debido a la demanda para su consumo o la degradación de su hábitat. No estamos hablando de casos aislados de comercio de origen ilegal, en lo que esta nueva ley se enfoca es en la atención adecuada de casos complejos en los que existe una sofisticada cadena de valor y suministros, dirigida por grupos organizados y financiados, cuya investigación debe realizarse con herramientas que estén a la altura de esta complejidad”.
“Esta ley está destinada solamente a investigar organizaciones criminales vinculadas al comercio ilegal de fauna silvestre por lo que su derogación pondría en peligro la capacidad de respuesta de los operadores de justicia y también algunos compromisos internacionales con los que cuenta Perú como la Declaración de Lima, adoptada en 2019 y que establece compromisos como la adopción de medidas encaminadas a reconocer el tráfico ilegal como delitos graves y utilizar técnicas de investigación financiera para ello”.
¿El tráfico ilegal de especies puede afectar la salud pública?
“El 60 % de los agentes patógenos que causan enfermedades provienen de animales silvestres o domésticos, lo que supone que el tráfico ilegal sea una fuente directa de potenciales enfermedades zoonóticas por la interacción inadecuada entre humanos y fauna silvestre. Esto se ve en la manipulación de animales en los mercados o en el transporte que se da para el traslado de especímenes lo que a su vez puede repercutir en la salud de los ecosistemas donde se extrae en origen a los animales para su comercio ilegal”.
El comercio de especies por Internet está en auge. ¿Cómo deberían actuar las autoridades?
“Ya se ha demostrado que el contexto de pandemia ha supuesto un aumento del comercio ilegal por internet a nivel mundial y concretamente en Perú diferentes autoridades como la Policía Nacional o la FEMA (Fiscalía Especializada en Materia Ambiente) ya han indicado que se enfrentan a retos como la poca especialización de funcionarios, uso de cuentas falsas, publicaciones dinámicas que son eliminadas al poco tiempo de ser publicadas, necesidad de intercambio de información rápido, falta de apoyo de herramientas tecnológicas especializadas en investigación criminal vinculada a internet, entre otros”.
“Tras la COP19 de CITES llevada a cabo en Panamá, se discutieron diferentes documentos para fortalecer la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre y se tomaron decisiones destinadas a perseguir esta actividad en línea, lo que incluye una mayor colaboración entre las partes del Convenio. Esto es una buena noticia que debería a su vez implicar una mayor articulación entre autoridades para actuar conjuntamente, contar una mejor logística y con capacitaciones específicas sobre esta modalidad de comercio, que supone un determinado nivel de especialización para enfrentarlo. Y estas herramientas pueden ponerse en riesgo si se deroga la nueva Ley 31622”.
