El delito de tráfico ilegal de especies es un mal que afecta la vida silvestre, además de poner en riesgo la prevalencia de especies animales en de todo el país. Lamentablemente esta iniciativa no se incluyó dentro del dictamen elaborado por la comisión de Justicia y derechos humanos del Congreso de la República. Hoy la ONG Oceana y diversas organizaciones hacen un llamado a las autoridades para que esta situación pueda ser reconocida ante la ley.
Fuente: El Comercio
La ONG Oceana pidió incluir los delitos de tráfico ilegal de especies en la ley contra el crimen organizado. Recordó que, por su gran biodiversidad y la ausencia de legislación efectiva, el Perú es víctima del tráfico ilegal de especies. Entre 2000 y 2018 se decomisaron más de 80 mil animales silvestres vivos, mientras entre 2000 y 2016 se realizaron casi 6.000 intervenciones de especies silvestres terrestres y acuáticas con destino a Europa, Asia y Norteamérica.
Señaló que el tráfico ilegal de especies es considerado la cuarta actividad ilegal más lucrativa en el mundo, mueve entre $7.000 y $23.000 millones de dólares anualmente, posicionándose luego del tráfico de drogas y el tráfico de productos falsificados, indicó la Organización no gubernamental a través de un comunicado.
También, indicó que representa un grave peligro para la salud pública; cuando los animales salvajes son sustraídos de su hábitat natural para ser comercializados aumenta el potencial de transmisión de enfermedades zoonóticas. “Y la situación se agrava debido a que en la actualidad este delito opera en el mundo a través de organizaciones delictivas con cadenas de mando y bajo redes de alcance transnacional, de la misma forma que el narcotráfico, la trata de personas y la minería ilegal, entre otros”, citó.
En esa línea informó que actualmente, existen tres proyectos de ley que buscan incluir los delitos de tráfico ilegal de vida silvestre en los alcances de la Ley 30077 (Ley Contra el Crimen Organizado), presentados por los congresistas Edward Málaga (Partido Morado), Héctor Ventura (Fuerza Popular) y Alfredo Pariona (Perú Libre).
Oceana explicó que aprobar estas iniciativas brindará al Ministerio Público mayores herramientas de investigación para desarticular redes delictivas, permitiendo la intervención de comunicaciones, la participación de agentes encubiertos, el levantamiento del secreto bancario, el levantamiento de la reserva tributaria y bursátil, el seguimiento y vigilancia, y la incautación de las ganancias del delito sin autorización.
Asimismo, mencionó permitirían activar el mecanismo de cooperación internacional entre Estados y organismos internacionales en las investigaciones, actuaciones fiscales y judiciales relacionadas con estos delitos, según señalan reportes del Proyecto Prevenir de USAID.
A la fecha, estos proyectos están pendientes de ser aprobados por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, la que ya cuenta con una propuesta de la Mesa de trabajo que tuvo a su cargo su evaluación y que está a la espera de ser puesta en agenda.
