Elevan indicadores de contaminación por azufre para dar “luz verde” a la reapertura del complejo metalúrgico
Martín Vargas Barrera / Revista Rumbos
A Elsa Galarza, ministra del Ambiente, la salud de los peruanos parece valerle madre. No le interesa que el Instituto Blacksmith calificara el 2013 a La Oroya como la quinta ciudad menos recomendable para vivir en el planeta. Hace caso omiso a la presencia de metales pesados como mercurio y arsénico, pesticidas y radionúclidos en el aire, suelo y agua.
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Ha cerrado los ojos para no recordar los análisis de plomo en la sangre que realizó el 2015 la Estrategia de Metales Pesados de la Red de Salud del Yauli en La Oroya. Este estudio muestra que cientos de niños nacen con plomo en sus cuerpecitos porque se identificó valores superiores a los 2.000 mg/Kg de plomo, cuando el estándar nacional es de 140 mg/Kg; es decir, 10 veces más el valor considerado “permisible”.
Niveles de contaminación que estarían ocasionando impactos en la salud de las madres gestantes y los niños, que es la población más vulnerable, pero la ministra prefiere la inversión privada a raja tabla.
Si no, ¿cómo entender que el Ministerio del Ambiente elevara el parámetro de emisión de dióxido de azufre de 20 a 250 microgramos por m3, según el proyecto de decreto que modifica el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para aire, publicado esta semana?
Y claro, para intentar curarse en salud, la resolución de marras (N° 94-2017-MINAM) indica que la norma será sometida a consulta pública por un plazo de diez días hábiles.
Esta “flexibilización” venía siendo exigida por los ex trabajadores del complejo metalúrgico y, cómo no, por las empresas interesadas en prender de nuevo la chimenea. Tanto así que las primeras subastas del complejo, realizadas hace unas semanas, fracasaron porque se esperaba el cambio en la norma.
¿La excusa? El viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre, ha soltado un chiste que insulta la memoria de los peruanos recurriendo a casuística de otros lares. Manifestó que el cambio se basa en los indicadores de países como Chile y Colombia, que tienen el parámetro de 250, por lo que el límite de 20 resultaba, dice, “muy exigente”.
“La Organización Mundial de la Salud recomienda el límite de 20 como valor ideal, pero también establece valores intermedios. Ningún país del mundo tiene los 20. La propuesta está más acorde con la realidad”, señaló alegremente Alegre, sin importarle el drama ambiental. Ha rematado su idea diciendo que con el nuevo estándar se generará más competitividad en la economía y que, léalo bien, “se protegerá la salud”.
Nuevos aires
El ECA para aire lo componen 10 parámetros: benceno, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, plomo, material particulado PM2,5, material particulado PM10, monóxido de carbono, hidrocarburos totales, ozono y sulfuro de hidrógeno. El ministerio sostiene que la propuesta “sincera” los parámetros para “mejorar la calidad del aire”. Increíble.
Los funcionarios que deberían protegernos sostienen que la normatividad vigente es dispersa y requería actualizarse con los cambios normativos registrados en los últimos tres lustros, desde la aprobación de los primeros ECA para aire.
“Se trata de un estándar que considera las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, así como la evaluación efectuada por la OCDE en la Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú, las recomendaciones 25 y 26, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el 2030”, ha concluido Alegre sin fruncir el ceño porque él, claro está, no vive en La Oroya. Sólo queda esperar que la anunciada consulta popular le dé la espalda a esta surrealista y poco humana disposición.
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