Los bosques de Perú están siendo reemplazados por monocultivos de aceite de palma, el más demandado en todo el mundo, en ese trance la Amazonía entera está amenazada por la creciente deforestación y especulación que propicia este lucrativo cultivo.
Desde 2012, en el Perú, el cultivo de palma no ha dejado de crecer luego de haberse extendido y devaluado los suelos de Malasia e Indonesia dónde los cultivos dejaron de ser rentables para la creciente demanda.
Cosméticos, alimentos e incluso combustible para vehículos, el aceite de palma es requerido en multiples áreas de producción. Pero lo cierto es que también su aparición en nuestro país, en especial en la selva, propicio la adopción de este cultivo como una oportunidad para hacer retroceder el cultivo de hoja de coca para fines ilegales, por las poblaciones . Sin embargo, a cambio, de su aparente desarrollo y potencialidad, día a día de las comunidades indígenas son afectadas, por los intereses que se ciernen sobre sus tierras.
«No estamos en contra de la inversión, solo queremos que el Estado nos otorgue la titularidad del territorio ancestral de nuestra comunidad para estar a salvo de la especulación y del tráfico de terrenos», relata, Carlos Hoyos Soria, fundador de la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya, en Ucayali, él y otros miembros de su comunidad, se trasladaron hasta Washington para pedir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se reconozca el lugar en el que se ubica su pueblo y así quede protegido ante la expansión de los cultivos de palma aceitera.
La devastadora expansión de una empresa de palma en la Amazonía de Perú
A la deforestación en nuestras selvas se suma la violencia: los traficantes de tierras, interesados en adquirir suelo fértil para venderlo a las compañías agrícolas, abren fuego en medio de los terrenos comunales, queman las casas de los habitantes y provocan el repliegue de las comunidades por temor a las crecientes amenazas a su vida.
Cultivo letal
Pero este problema de poco entendimiento lleva años. Hace más de tres décadas la empresa Palmas del Espino –un proyecto del Grupo Romero- cuando nace en las entrañas del Alto Huallaga sirvió para llevar desarrollo a una de las zonas más deprimidas del Perú.
Sin embargo, Palmas del Espino, parte del Grupo Palmas, fue acusada de querer traerse abajo 23 mil 143 hectáreas de bosques vírgenes loretanos y erradicar las especies nativas para dar pase al cultivo de la palma aceitera. Un atentado contra la biodiversidad a través de sus proyectos Santa Cecilia, Maniti, Tierra Blanca y Santa Catalina. Así lo denunció un informe de IDL-Reporteros.
¿Pero porqué el cultivo de palma se traslada a los bosques de la Amazonía?
El bajísimo costo que no estén habitados ni haya que comprarlos, es una razón más que poderosa. Afortunadamente este despropósito no prosperó y actualmente según los monitoreos ambientales, el Grupo Palma apunta a la deforestación cero.
La palma aceitera, originalmente, formaban parte del cultivo tradicional de las comunidades de África Central y Occidental quienes acostumbran a plantarla en sus tierras para recolectar sus frutos, hojas o la savia de las palmas nativas. Ella solo crece en zonas tropicales. En diversos pueblos forma parte de su cultura.
Pero, en estos momentos se vive una gran presión a nivel mundial para aumentar las plantaciones debido al crecimiento de su precio por tonelada y a la gran demanda del biodiesel (combustible vegetal). Es así que un producto llegado desde la lejana África sirve a los intereses de empresarios con un afán desmedido de lucro.
La Amazonía se presenta como una oportunidad jugosa debido, sobre todo, a la abundancia de tierras públicas y a que el Perú tiene un déficit en aceites vegetales y es importador de biodiesel, pero también a la legislación peruana que presenta vacíos en cuanto a la defensa forestal, dado que el Grupo Palmas se ampara en la Capacidad de Uso Mayor de la tierra.
En su momento, el investigador Juan Luis Dammert, denunció proyectos que habían comprado tierras y que los gobiernos regionales otorgaban los permisos , con la finalidad de plantar palma aceitera.
Dammert alertó que el problema se gesta bajo el entusiasmo de los gobiernos regionales, responsables de la aprobación de los proyectos agroindustriales que impliquen cambio de uso de suelos y el Minagri opina sobre los estudios de suelos y aprueba los estudios de impacto ambiental (EIA). Según la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763) se incluyen los requisitos de concordancia con la zonificación ecológica económica de nivel meso o superior y una opinión vinculante del Ministerio del Ambiente(Minam) para el cambio de uso de suelos; pero esta ley, parece ser letra muerta ante el evidente avance del cultivo palmero en Perú.
Pero a pesar de esta ley aprobada en 2011, y luego de varios años de esperar que la situación cambie, Jamer López, representante de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali, acusa al Gobierno regional de otorgar tierras a especuladores, y algunos funcionarios se benefician de la actividad de las empresas. Las denuncias de abusos interpuestas en comisarías y entes locales abren investigaciones que «no llegan a conclusiones» y quedan a la espera.
Palma aceitera, el sustituto de las plantaciones cocaleras
Según la Junta Nacional de Palma Aceitera, Jun Palma, las áreas de bosque deforestadas por este cultivo en la última década son poco más del 1%.
La ubicación de las principales zonas de cultivo de palma aceitera se han establecido en zonas que han dinamizado la economía local y le han dado una salida económica (al igual que el cacao) al problema del cultivo ilegal de la hoja de coca, otras de las amenazas para la Amazonía, que unida a la agricultura migratoria, la tala ilegal y el uso de territorio como pasto para ganado, contribuyen a la desforestación de al menos un 10% de bosques amazónicos.
Jun Palma Perú promueve en el sector la certificación RSPO (Mesa Redonda de Aceite Sostenible, RSPO por sus siglas en inglés), y cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo Sostenible de la Palma Aceitera 2017-2027. En el se consigna que en la región de San Martin, las zonas de producción más importantes están ubicadas en las provincias de Lamas y Tocache; en Ucayali, las zonas de las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo; en Loreto, en las provincias de Alto Amazonas y Ucayali; mientras que en Huánuco se ubican en las provincias de Puerto Inca y Marañón. Estas zonas fueron centros importantes del cultivo de coca, por lo que muchos de los palmicultores estuvieron involucrados previamente en este cultivo ilícito.
Fue precisamente la RSPO quien recibió las denuncias de uno de los casos más sonados de deforestación de la Amazonía peruana a causa del negocio agroindustrial palmero.
La impunidad palmera
La deforestación desmedida en la amazonía tiene un nombre: Dennis Melka, el empresario norteamericano, fundador de las empresas de Melka, Cacao del Perú Norte, Plantaciones de Ucayali y Plantaciones de Pucallpa, las que ingresaron al país para dedicarse al cultivo de cacao y palma. Pero, lo que realmente hicieron fue deforestar más de 11 000 hectáreas, en las que se incluían bosques primarios.
En medio de la polémica por las denuncias al Grupo Melka, el Gobierno peruano confirmó que territorio que ocupaba una de las empresas de Dennis Melka, Cacao del Perú Norte, se encontraba dentro de una área forestal protegida y no era apta para cultivo de algún tipo.
Imágenes satelitales del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por su siglas en inglés) demostraron que 2200 hectáreas de uso forestal fueron deforestadas por la empresa de Dennis Melka y solo el 7,4 % del área deforestada por la empresa Cacao del Perú Norte es de aptitud agrícola. Es decir, un territorio que debió ser destinado a la protección de bosques maderables fue utilizado para desarrollar actividades agropecuarias (cultivos o pastos).
No fue lo único. El Grupo Melka también deforestó más de 5000 hectáreas de bosque en territorio indígena entre el 2010 y el 2015 a través de las operaciones de Plantaciones de Pucallpa, las imágenes satelitales del MAAP corroboraron la denuncia hecha por la Federación de la Comunidades Nativas de Ucayali . Precisamente la localidad de Santa Clara de Uchunya, aquella que viajo a pedir protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tienen en disputa 38 000 hectáreas que son ocupadas por Plantaciones de Pucallpa SAC y agricultores andinos.
Desde 2017, los fiscales han logrado detener la deforestación de las empresas vinculadas al grupo Melka, pero no la cadena de comercialización de los frutos de los bosques arrasados y los abusos laborales.
La aptitud forestal del suelo “agrupa las tierras cuyas características climáticas, relieve y edáficas no son favorables para cultivos en limpio, permanentes, ni pastos, pero, sí para la producción de especies forestales maderables”, señala el documento actualizado de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA).
A partir de este documento cualquier futura clasificación de suelos en específico se le exigiría una mayor precisión. Pero la actualización del uso de suelo debe ir en conjunto a una campaña de titulación de territorios de campesinos y comunidades nativas.
Según el articulo 89 de la Constitución del Perú se establece que las comunidades nativas pueden hacer uso de su territorio, pero mientras no se regule de manera adecuada la operación de este cultivo; y la CIDH elabore un informe al respecto, las comunidades indígenas, la amazonía entera está en riesgo y las consecuencias de las alteraciones que se provoca al deforestar uno de los pulmones del planeta nos pasará una factura mayúscula.
En rumbo:
Según los monitoreos satelitales del MAAP presentados al 12 de noviembre de 2018, se han documentado más de 86,623 hectáreas de palma aceitera, de las cuales confirman la deforestación directa de, por lo menos, 31,500 hectáreas (equivalentes a 43.1 mil campos de fútbol).
La Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú (Junpalma) recientemente informó que “los productores se han puesto como meta alcanzar las 250 mil hectáreas de sembríos de palma aceitera para el año 2019.
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