- A pesar de la expresa prohibición a la importación de bolsas de polietileno, proveedores continúan ingresando al país grandes cantidades de esta mercadería que luego es vendida como bolsas biodegradables a clientes de supermercados, farmacias y tiendas por almacenes.
Las leyes en el Perú parecen hechas para no cumplirse, al advertirse distintos escenarios donde quedan normalizadas la indiferencia y hasta complicidad de los entes encargados de realizar la necesaria fiscalización en el cumplimiento de las normas.
Los casos de ‘sacadas de vuelta’ a las normas (o al espíritu de estas) y atentados directos a los derechos medioambientales, solo para hablar de las últimas semanas, van desde la falta de mantenimiento al Oleoducto Norperuano, que sería una de las causas principales de los constantes derrames de crudo registrados en Loreto, hasta el último intento fujimorista desde el Congreso para extender el plazo para la entrada en vigor de las prohibiciones a los envases de tecnopor, y que fuera archivado finalmente.
Y peor aún, todo parece indicar que nadie estaría fiscalizando y obligando a los actores comerciales al cumplimiento de la Ley de Plástico (N° 30884) en plena vigencia.
Confesión de parte
Sin embargo, y con los mencionados plazos ya vencidos, hoy incluso los sectores formales y hasta las grandes corporaciones que tienen presencia a nivel nacional, multiplicando su impacto, aún estarían transgrediendo la Ley del Plástico y, peor aún, cobrando a los consumidores por una mercancía que no cumple con las leyes peruanas. Uno de los proveedores más importantes del mercado local es la empresa de capitales chilenos Bioelements Perú, que provee de bolsas supuestamente biodegradables a supermercados, farmacias, hoteles y tiendas por departamento en todas las regiones del país.
De acuerdo con la declaración de aduanas realizada por Bioelements, la empresa consigna haber importado el 2019 “bolsas plásticas biodegradables”, pero cuya descripción ante Aduanas consigna termoplástico con base en poliolefinas y termoplástico con base de polietileno.
En el 2020, la empresa importó bolsas cuya descripción consignaba polietileno, base de polietileno y polímeros de polietileno. En el 2021, continuó la importación de bolsas descritas como polímeros de etileno, y recién en julio de ese año, y el 2022 consigna importar bolsas con 70% de polietileno y 30% de bioresina.
¿Cómo pudo la empresa de capitales chilenos importar bolsas descritas comercialmente como biodegradables, pero compuestas por el referido material plástico? Y más. ¿cómo pudieron los agentes de aduana validar estas operaciones?
Y aunque las bolsas que importa Bioelements y supermercados, farmacias, hoteles y tiendas por departamento venden a sus consumidores registran un Certificado de Conformidad emitido por el laboratorio de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), este tendría graves inconsistencias respecto a las fechas en que se desarrollaron los muestreos.
Esto debido a que el resultado del análisis reporta que el resultado de biodegradabilidad aeróbica fue de 97.1% de biodegradabilidad en 180 días, y el resultado de biodegradabilidad anaeróbica fue de 97.7% en 60 días, lo que no concuerda con el hecho que la muestra se habría tomado el 19 de enero de 2019 y el resultado tiene fecha de entrega el 21 de febrero de 2019.
Indecopi y Minam miran para otro lado
A pesar de que en su web oficial el Ministerio del Ambiente alertaba que hasta 2017 en el Perú se usaban en promedio 30 kilos de plástico anuales por ciudadano y que solamente en Lima Metropolitana y el Callao se generaban 886 toneladas de residuos plásticos al día, su real compromiso con un rol fiscalizador al respecto estaría bastante alejado de su discurso institucional.
Puestos en conocimiento por un denunciante y consultados por el cuestionado Certificado de Conformidad emitido por el laboratorio de la UNALM, el MINAM precisó que «no se sitúa en una posición de garante y/o de parte ofertante de los servicios y/o información que se recogen en dicha página, cumpliendo con objetivos estrictamente informativos». En otras palabras, se lavó las manos sobre la veracidad de la información publicada por ellos mismos. Ni se diga de INDECOPI, el cual no ha desplegado un solo acto de investigación administrativa ante tales irregularidades.
Resulta sumamente alarmante que un país como el Perú, en el cual lograr consensos en el Poder Legislativo para impulsar normas en favor del medio ambiente supone siempre un camino cuesta arriba, todavía se tenga que tolerar artimañas empresariales para incumplir la ley y todo con la complicidad por omisión de los entes competentes del Estado .
Antes de su aprobación, desde la Comisión de Pueblos, entonces presidida por el excongresista Marco Arana, se afirmaba como motivación que la norma buscaba” contribuir al derecho que tiene toda persona a gozar de un ambiente”, y que «de aprobarse el dictamen, el Perú se posicionará como un importante garante de derechos ambientales».
Hoy, todo eso cae en saco roto por la propia responsabilidad del Estado.
