Por Ojo Publico / Xilena Pinedo
En menos de tres meses, las 193 naciones que firmaron el Acuerdo de París deberán presentar un balance sobre su reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el marco de la COP28, en Emiratos Árabes. Una revisión respecto a los avances de Perú en energías renovables no convencionales —entre ellas, la eólica, solar y biomasa— evidencia que el país todavía tiene un largo camino por recorrer. Estas fuentes energéticas representan solo el 4,7% de la matriz nacional, una cifra lejana al objetivo de alcanzar el 20% al 2030. A ello se suma que el Perú no cuenta con un plan energético actualizado, pues el último data de 2014.
Pese a la capacidad que tiene el país para generar energía a partir de fuentes renovables, la producción vinculada a estos recursos es escasa. Gracias a su ubicación geográfica próxima al ecuador, Perú posee un alto potencial de energía solar, que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) estima en 25.000 mw. Sin embargo, el país solo utiliza el 1,14% de su capacidad.
Lo mismo ocurre con otras energías renovables no convencionales que, aunque están más desarrolladas en el país, no representan una fuente de importancia en la matriz energética. Las mismas solo alcanzan, en conjunto, el 4,7%, según Osinergmin. En el caso de la eólica, tiene un uso de apenas el 1,83% de su capacidad (20.493 mw) y la biomasa, 7,88% de su capacidad (entre 450 y 900 mw). Pese a esta potencia, aún hay regiones que no cuentan con acceso a energía.
La información del Instituto Nacional de Estadística e Informática muestra que, al 2021, 94,1% de los hogares peruanos tuvieron acceso al servicio de energía. Sin embargo, el 45,3% tuvieron cortes o interrupciones eléctricas. Además, en Loreto y Ucayali, solo alrededor de la mitad de la población accede a electricidad: 54,4% y 51,9%, de forma respectiva.
Frente a la crisis climática y la necesidad de cubrir esas brechas, la transición energética se postula como una de las principales vías para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que están haciendo incrementar la temperatura a grados nunca antes vistos.
Perú, al igual que los otros 192 países que firmaron el Acuerdo de París, asumió compromisos climáticos para transformar su matriz energética hacia fuentes más limpias. Sin embargo, desde 2016 hasta la actualidad, los avances por alcanzar ese objetivo han sido pocos y la fecha óptima (2030) está cada vez más cerca.
En 2015, Perú se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 30% para 2030. Cinco años después, el país aumentó su ambición y puso como nueva meta la reducción del 40%. A poco más de seis años para el 2030, los avances han sido lentos, y el país sigue dependiendo de combustibles fósiles, como el petróleo y el gas natural, como principales fuentes de energía.
A este panorama se suma la ausencia de una política nacional de implementación de energías renovables no convencionales. “En Perú, a diferencia de otros países, como Brasil, Chile y México, no existe una política pública de promoción de la transición energética como tal”, remarca Augusto Durán Durán, ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería especializado en Energías Limpias y Transición Energética.
En efecto, a la fecha, el principal documento que establece la necesaria implementación de energías renovables es la actualización de las contribuciones nacionales determinadas (NDC). Este documento propone cambios en la matriz energética que recaen en el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
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“En el Ministerio del Ambiente (Minam), como autoridad en cambio climático, avanzamos en el trabajo vinculado a las NDC. Pero, en realidad, el trabajo y el esfuerzo depende de diferentes actores. En especial, las medidas de energía están vinculadas al Minem”, explica la directora general de Cambio Climático y Desertificación del Minam, Milagros Sandoval Díaz.
El problema reside en que el Minem no ha actualizado el plan energético nacional desde 2014, y sigue dando concesiones a proyectos de hidrocarburos. Por ello, Augusto Durán Durán, coordinador de la campaña para la implementación del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, considera que el Minam tiene debilidades frente al Minem o el Ministerio de Economía (MEF).
“Al final, son los ministerios más fuertes porque, de hecho, mueven la economía en el Perú. Entonces, el Ministerio de Ambiente da medidas, pero el de Energía y Minas sigue ampliando la frontera extractiva, tanto de minerales como de combustibles fósiles; y el Ministerio de Economía no da fondos o, simplemente, observa cosas porque, siendo sinceros, la política climática le es muy incómoda”, afirma Durán Durán.
Metas que parecen inalcanzables
Las NDC establecen una base para que el país reduzca sus emisiones. En ese contexto, el sector energía es el que concentra la mayoría de los compromisos climáticos. De acuerdo con el catálogo de medidas de mitigación, existen 38 relacionadas al sector energético: 24 de ellas están vinculadas a cambios en la matriz energética y las 14 restantes se centran en cambios en el transporte.
De las 24 relacionadas a la matriz energética, tres incluyen el término energías renovables y una menciona en específico a la energía solar. La primera de ella busca “aumentar la participación de los Recursos Energéticos Renovables (RER) en la matriz energética nacional en un 6,8% al 2030”.
La segunda propone “llevar el servicio de electricidad a usuarios ubicados en áreas no conectadas a la red eléctrica utilizando como fuente de generación los RER”. La última busca “generar energía a partir del metano, que se produce en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)”.
Al ser consultada por el tema, Milagros Sandoval Díaz destacó que la mayoría de estas medidas está en proceso de implementación por parte del Minem. En efecto, las dos primeras medidas detallan, como fecha de inicio de implementación, el año 2010. En tanto, la tercera menciona que empezó en 2021.
Sin embargo, en los 13 años transcurridos desde que iniciaron estos proyectos, los avances fueron escasos: hasta 2022, la participación de la energía solar y eólica en la matriz representaron solo el 4% en el país, de acuerdo a información pública del Minem. Aunque la cartera fue consultada por cifras más actualizadas sobre los avances, no respondió.
A ello se suma que la mayoría de anuncios gubernamentales que proponen electrificar las zonas rurales estuvieron centrados en la masificación del gas natural. Una promesa que no se cumplió en los 19 años transcurridos desde el inicio de la explotación del Lote 88, en la selva de Cusco.
“Cuando hablamos de un proceso de transición energética, lo primero de lo que hablamos es de dejar el carbón. Luego, el petróleo y, en tercera etapa, el gas. Otros países ven a este gas como un combustible de transición que les permita, tanto financiera como técnicamente, llegar a un proceso de transición energética. En Perú, lo que ha pasado es que nos hemos empernado fuertemente al gas natural”, dice Augusto Durán Durán.
El especialista señala, también, que hubo pocos avances para impulsar las energías renovables desde las políticas públicas. En principio, resalta la creación del Decreto Legislativo N° 1002, en 2008, que promovió la inversión en proyectos de energías renovables.
“Es la principal que se tiene en torno al tema de energía renovable. Pero, desde que se promulgó, las renovables siguen representando muy poco de la energía que se produce en el país”, añade.
En efecto, Brendan Oviedo Doyle, presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR), explica que la inversión en este tipo de proyectos se estima en alrededor de USD 2.000 millones.
A ello se suma la aprobación, en 2015, del Decreto Legislativo N°1221, que propone la generación distribuida de energía y permite que las comunidades generen su propia energía y comercialicen la sobrante. Pese a ello, ocho años después, se sigue a la espera de la aprobación del reglamento que le permita funcionar.
Luego de ello, se publicó, en 2018, el catálogo de medidas de mitigación, que plantea aumentar la participación de los recursos energéticos renovables en un 6,8% en la matriz energética nacional al 2030.
No obstante, Oviedo Doyle destaca que este documento no es vinculante y que lo más reciente y vinculante es el decreto supremo que declara de interés nacional a la emergencia climática. El mismo propone aumentar la participación de las renovables no convencionales al 20% para 2030.
“Si me preguntas cuál es el compromiso de energías renovables, yo diría que ese 20% porque es lo único que está reflejado en algún tipo de norma legal hasta cierto punto vinculante. Pero, sinceramente, desconozco cuál es el nivel efectivo de cumplimiento, no solo de esta medida, sino de las otras que existen”, aclara el también coordinador del equipo técnico de mitigación de la Comisión Nacional de Cambio Climático.
En esa línea, Brendan Oviedo Doyle destaca que, luego de identificar los sectores en los que se deben hacer cambios, el Gobierno debió trabajar de la mano con los ministerios de Energía y Minas y de Economía para cumplir con esos objetivos.
“Se aprobaron estas medidas de mitigación, pero no se implementó nunca un marco regulatorio que permitiese ejecutar esa medida. Ahí hay un problema, pues no se está conversando el buen trabajo que está haciendo el Ministerio del Ambiente con el buen trabajo que están haciendo, probablemente, otros ministerios. Me parece que la falta de trabajo coordinado limita mucho la eficiencia de la implementación de decisiones”, resalta.
Ante la falta de información clara sobre los avances en la implementación de estas medidas, Osver Polo Carrasco, representante del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Mocicc), afirma que la tarea de Perú para la próxima cumbre climática COP28, que se realizará en diciembre, en Emiratos Árabes, será informar qué tanto se ha avanzado en la reducción de emisiones.
Un contexto político que no ayuda
Aunque reconoce que la crisis política ha afectado el avance en la transición energética, la directora general de Cambio Climático y Desertificación del Minam, Milagros Sandoval Díaz, señala como punto positivo la existencia de las NDC y de un marco legal para orientar las acciones necesarias frente a la crisis climática.
“Los diversos contextos políticos, no solo en el país, sino en la región, pueden tener impactos, pero lo más importante es que las bases para seguir avanzando en los temas de cambio climático ya están sentadas gracias a la Ley marco de cambio climático y su reglamento. Tenemos que, obviamente, seguir siendo propositivos”, afirma.
Sin embargo, otros especialistas tienen una opinión más crítica. Osver Polo Carrasco, miembro del Climate Action Network en Latinoamérica, resalta que a la falta de un trabajo conjunto desde los diferentes ministerios, se suma el hecho de que el Gobierno sigue impulsando proyectos extractivos.
“Desde el Gobierno se sigue planteando modificaciones a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y seguir teniendo explotación de hasta por 80 años de combustibles fósiles”, detalla.
Estos proyectos se contraponen a las principales recomendaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). El mismo plantea que, para alcanzar los objetivos climáticos en el mundo, es necesario reducir de manera significativa el uso de carbón, así como también en 60% el uso de petróleo y, en un 70%, el uso de gas.
Al respecto, Augusto Durán Durán asegura que la constante inestabilidad política que atraviesa el Perú tiene efectos en la gobernanza del país en general.
“Desde el gobierno de Fujimori, hemos vivido en distintas crisis políticas y, esa, es una de las primeras razones para no poder tener una política clara en general, no solamente en temas de cambio climático. Entonces, es complicadísimo que se logre los objetivos a 2030 a nivel global y, en el caso peruano, mucho peor porque no tenemos un plan preciso ni conciso que nos dé una ruta”, concluye.
Brendan Oviedo Doyle, por su parte, considera que el impulso a las energías renovables requiere de un respaldo normativo. Un ejemplo, explica, es la propuesta de modificación de la Ley 28832, de eficiencia energética, para ampliar la oferta de producción. Aunque este proyecto fue rechazado, a mediados de mayo, por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el Minem publicó la Resolución Ministerial N° 227-2022-MINEM/DM, que aprobó la modificación a dicha ley, un mes más tarde.
“Yo creo que, ahora, existen todas las condiciones para las [energías] renovables, porque la eólica y la solar son las más baratas en el mercado, y porque están descentralizadas en el norte y en el sur. Podemos lograr nuestro objetivo y hasta podríamos pasarlo. Pero depende, principalmente, del factor regulatorio que tiene que cambiar”, remarca.
