Al no lograr la aprobación de la modificación de su Estudio de Impacto Ambiental adicional para la construcción de un almacén de concentrados de mineral, el consorcio extranjero del Terminal Portuario Paracas (TPP) quiere llevar a las autoridades peruanas a un arbitraje.
Hace pocas semanas las autoridades peruanas decidieron que la intención de construir un almacén para más de un millón de toneladas de concentrados tóxicos de mineral, así como la descarga de desagües hipersalinas no tratadas a la Bahía de Paracas serían un riesgo inaceptable para la biodiversidad en la Reserva Nacional de Paracas, humedal de importancia internacional y segundo destino turístico más importante del Perú.
Con 33 observaciones del Sernanp y de otras instituciones gubernamentales, así como más de 100 observaciones de la sociedad civil, no se logró levantar dichas observaciones por parte de la empresa, y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) tomó decisión de no aprobar el Estudia de Impacto Ambiental de la empresa cumpliendo con el Principio de Precaución determinado en la legislación peruana.
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Sin embargo, colectivos ambientalistas como Mundo Azul han alertado que la empresa extranjera intenta presionar al gobierno peruano amenazando con un juicio por daños y perjuicios, declarando que el Estado quiere levantar barreras burocráticas para dañar a la empresa y actuar en contra del proyecto portuario.
Para Stefan Austermühle directos de Mundo Azul, los argumentos que enarbola el cuestionado consorcio son falsos: “TPP dice que la modernización del puerto no causará ningún impacto negativo dado que este puerto ha estado operando en el lugar desde antes de la creación de la Reserva Nacional de Paracas.”
Según el anuncio del consorcio en medios de comunicación la zona ha estado en poder de Enapu por 50 años y que esa es una clara razón para dar viabilidad a la construcción del complejo portuario a un paso del área reservada.
Para el investigador, este argumento es manipulativo y falso: «Sí, es verdad que el Puerto San Martín existe desde antes de la creación de la Reserva Nacional de Paracas y ha sido operado a un nivel de bajo uso exclusivamente atendiendo a la demanda local. El puerto en estos tiempos básicamente sirvió para embarque/desembarque de productos de la agricultura local, de chatarra de hierro para la empresa Aceros Arequipa y para cargas de sal de la empresa ubicada dentro de la Reserva Nacional de Paracas».
El impacto ambiental de un puerto pequeño no es comparable con los mayores impactos ambientales que podría generar un puerto multipropósito: » no es correcto decir que el Puerto San Martín, debido a su largo tiempo de coexistencia con la reserva, es una “clara muestra de viabilidad entre un puerto y una reserva con sus especies protegidas”, enfatiza Austermuhller, quien ha cuestionado una serie de puntos sobre los que el consorcio quiere validar, ante la opinión pública, la construcción del Megapuerto de Paracas.
Como se recuerda en el año 2014, el Consorcio Paracas ganó la buena pro para modernización del puerto de Pisco, con un compromiso de inversión mínima de $102 millones de dólares, por un periodo de concesión de 30 años. Este proceso de fue organizado por Proinversión.
Algunos grupos ambientales están especialmente preocupados por la zona de El Sequión, paraje importante para las aves de la reserva; otros vinculados a la industria del turismo tienen temor que el tránsito afecte sus operaciones.
Este tema se buscaría mejorar con la modificación del Estudio de Impacto Ambiental para permitir el tránsito de concentrado de minerales (que no incluyen el plomo, pero si el cobre y el zinc) por un trazo alternativo para evitar la zona hotelera, el mismo que requiere opinión del Sernanp.
A la fecha esta solicitud de modificación del Estudio de Impacto Ambiental ha sido desaprobada por el Senace. El consorcio ya ha informado que apelerá esta decisión. Y todo apunta a que, en este caso, el conflicto será legal, con una millonaria demanda – se estima un perjuicio superior a los US$200 millones-en contra del Estado peruano y para ello la empresa está evaluando iniciar un arbitraje contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Entre las observaciones del Senace figuran: la cantidad de vehículos que circularían por día y las medidas de mitigación de este trafico son insuficientes para resguardar fauna en peligro y mitigar el impacto en turismo, no se consideraron los criterios ambientales y sociales sobre la propuesta de ubicación del almacén de concentrado de mineral, no se evaluó el impacto que generaría la operación para el resguardo de fauna silvestre protegida como el pelícano peruano, gaviotín peruano, piquero, gecko, entre otras observaciones.
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