Ambos poderes del Estado han planteado diversas propuestas que representan una amenaza a las áreas protegidas más frágiles, a la Amazonía y a los pueblos indígenas en aislamiento.
En los últimos meses, el Congreso y el Ejecutivo han presentado diversas propuestas que atentan directamente contra nuestro patrimonio natural y cultural. Estas iniciativas de normas fomentan la deforestación de la Amazonía, la invasión de territorios indígenas, la afectación a las áreas naturales protegidas más frágiles del país y, además, retrasan la gestión ambiental.
Una de estas propuestas tiene que ver con los proyectos de ley 649,894 y 2315, que proponen modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763). Esta iniciativa, que pone en riesgo los ecosistemas forestales, los derechos de los pueblos indígenas y la biodiversidad del país, ya había sido rechazada el 23 de marzo en el Pleno, sin embargo, podría regresar a debate a pesar del rechazo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Ministerio del Ambiente (Minam), la Defensoría del Pueblo y organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Foto: Mincul
Otra de las normas propuestas se ha dado a través Proyecto de Ley 3518/2022-CR, presentado por el congresista Jorge Morante, de la bancada fujimorista. El legislador busca modificar la Ley PIACI (Ley 28736), lo cual representa un peligro a los derechos al territorio, la salud y la vida de los pueblos en aislamiento, considerados los más vulnerables del país.
Esta iniciativa, rechazada organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos, ha sido catalogada como inconstitucional por pretender quitar facultades al Ministerio de Cultura (Mincul), en cuanto a la creación de las reservas para los PIACI, para entregárselas a los gobiernos regionales, a pesar de que el órgano rector en la protección de estos pueblos es el Mincul.
La tercera norma propuesta pone en riesgo a nuestras áreas más biodiversas, no solo del país sino del planeta. Se trata del borrador de proyecto de ley presentada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el cual propone modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas para flexibilizar los estándares ambientales y favorecer al sector hidrocarburos.
Esta norma, señalada como inconstitucional por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y recientemente rechazada por el Ministerio del Ambiente (Minam), pretende modificar 9 artículos de la mencionada ley e incorporar tres disposiciones complementarias para impulsar la extracción de hidrocarburos en zonas biodiversas como parques nacionales y santuarios.
“La propuesta de modificación alcanzada por el Minem respecto a la Ley 26834, pondría en riesgo la conservación de los ecosistemas de las ANP, ello contraviene la conservación de ecosistemas bajo la mirada integral que articula diversas modalidades de conservación asegurando grandes corredores de conservación […]; motivo por el cual se considera inviable”, señaló el propio Minam.
Foto: Andina
Otra propuesta que ha presentado el Ejecutivo, y pasará al debate del Legislativo, es el Proyecto de Ley 04642/2022-PE que propone la creación de la Autoridad Nacional de la Infraestructura, el cual presentaría algunos riesgos de flexibilización de estándares ambientales para los proyectos de inversión.
La creación de una institución así, según la SPDA, debería considerarse como una oportunidad para elevar calidad de procesos en evaluación de impacto ambiental y poder incluir enfoque de infraestructura natural, e insta a los legisladores a no optar por propuestas que disminuyan estándares ambientales bajo el supuesto de “facilitar la ejecución”.
Como observamos, la promoción de estas normas tienen en común: flexibilizar estándares ambientales, no cuentan con la aprobación de los entes especializados y, en los casos respectivos, no tienen el aval de las organizaciones indígenas.
